¿Tiempos de crisis para la firma electrónica?

Tiempo crisis firma electronica

Fue noticia, hace unas semanas, las críticas abiertas al proyecto del DNIe formuladas por nuestro presidente de AMETIC, calificándolo de rotundo fracaso. Es cierto que la relación entre los resultados obtenidos y la inversión realizada está muy lejos de lo que sería deseable para cualquier gestor público, pero todo esfuerzo de la administración por catalizar la administración electrónica, debe ser juzgado en mi opinión, al menos con benevolencia.

Han pasado ya seis años desde la promulgación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y sus resultados son claros y palpables, precisamente por la ausencia de los mismos. En pocas palabras la ley no se está cumpliendo. Y es que nació muerta, al carecer de un régimen sancionador para disuadir a aquéllos sin voluntad de cumplimiento.

¿Se imaginan ustedes qué ocurriría en este país si la normativa del Ministerio de Hacienda no estuviera dotada de procedimientos sancionadores? Me parece inaudito el texto de su disposición final tercera, que dice:

“En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”.

Posteriormente en su punto cuarto enuncia prácticamente lo mismo para las administraciones locales, y prácticamente invalida los objetivos de la ley.

A la vista de lo poco que se ha avanzado en España en los últimos tiempos en materia del uso de ciudadanos y administraciones en materia de administración electrónica, creo que se hace necesario definir una nueva hoja de ruta para dinamizar los beneficios de la administración electrónica, y por ende, de la firma electrónica como pieza imprescindible de la misma.

  • En primer lugar se hace necesario legislar un régimen sancionador que complemente a Ley 11/2007, de 22 de junio, que garantice de una vez por todas el derecho de los ciudadanos a interactuar con todas las administraciones públicas sin excepción, que suponga una retirada de competencias hacia el organismo superior en caso de que las obligaciones contempladas por la ley no sean atendidas en un plazo temporal determinado.
  • Es necesario profundizar en los casos en que el propio mercado va adoptando nuevos instrumentos como es la figura de la firma digitalizada, ampliando y despejando dudas por lo ya previsto en la sección dos del capítulo dos de la ley anteriormente mencionada, que determina:

    “Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos”.

    Estamos siendo testigos cómo renombradas empresas del sector de la distribución como El Corte Inglés y Mercadona entre otros, han adoptado la firma digitalizada como fórmula idónea para la eliminación del papel en sus transacciones electrónicas. En este sentido, se hace indispensable que el legislador, como ha sucedido en otros países como Italia, regule de manera definitiva las condiciones en las que la firma digitalizada deba usarse, para poseer las mismas garantías legales que la firma electrónica avanzada.

  • Es imprescindible prestar atención al concepto de usabilidad, además del de seguridad, y esto va especialmente dirigido a nuestros gestores del DNIe, que a pesar de haber contado con un presupuesto ingente que determinadas fuentes sitúan en una cifra superior a unos 400 millones de euros, no han conseguido que más de 3,4% de sus usuarios lo hayan utilizado alguna vez.

Ejemplo de firma manuscrita escaneada (digitalizada)

pt.m.wikipedia.org

Y es que a pesar de que se ha conseguido un sistema altamente seguro, del que no conozco ningún caso de violación hasta la fecha, de poco o nada servirá si no es utilizado por los usuarios. ¿Cómo se consigue esto?

Hay varias soluciones, la primera largamente reclamada por el sector, y es la negociación con los fabricantes de sistemas operativos para facilitar la instalación y reconocimiento de los certificados raíz, de forma que el uso de los certificados por parte de los usuarios sea mucho más amigable e intuitiva. En estos momentos que existe un proyecto de interoperabilidad en la Unión Europea, de manera de que cualquier estado miembro reconocerá la validez de los certificados emitidos en los demás países, y contaremos con una masa crítica capaz de persuadir a los fabricantes de sistemas operativos norteamericanos, a la necesidad de preparar a sus sistemas para trabajar con certificados de firma electrónica de forma más adecuada.

La segunda, que no me he cansado nunca de reclamar tanto en público como en privado, es la necesidad de cumplir el principio de neutralidad tecnológica, que conlleva a la usabilidad, y que posibilita que el usuario pueda firmar “con lo que tenga más a mano”, ya sea una plataforma fija o móvil, sin importar con qué sistema operativo está dotado. No es de recibo lo argumentado por determinados gestores públicos que esgrimen la excusa presupuestaria para eludir el cumplimiento de esta necesidad, ya que varias empresas privadas han desarrollado productos con una neutralidad tecnológica impecable, por una fracción del presupuesto gastado por las administraciones en productos mucho menos competitivos desde el punto de vista tecnológico.

A modo de resumen, la hoja de ruta para popularizar la utilización de la firma electrónica sería prestar atención a la usabilidad, haciendo eco a los casos de uso en que los agentes económicos que conforman el mercado están resolviendo sus problemas transaccionales, y dándole cobertura legal con objeto de despejar dudas por parte de los usuarios. De manera paralela las administraciones deben profundizar de forma exahustiva en adoptar las diferentes usos de la firma electrónica definiendo cuando una transacción requiere una firma electrónica simple, avanzada o reconocida, en beneficio de la usabilidad, y que los perjuicios para las administraciones remolonas sean suficientemente disuasorios para adopten las medidas oportunas sin más dilación alguna.

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